La globalización neoliberal heteropatriarcal nos aboca a un conflicto entre el capital y la vida. El actual modelo de ‘desarrollo’ al servicio de las empresas transnacionales se sustenta en una estrategia de acumulación por desposesión y en el mito de un planeta con bienes ilimitados. Se firman tratados de libre comercio, se promueven políticas de inversión empresarial y se genera un marco legislativo a favor del capital, en detrimento de los derechos de las mayorías sociales. La cara más visible de este modelo es la actividad de las empresas transnacionales, que genera cada vez más desplazamiento forzado. La implementación de megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos y la extensión de monocultivos destinados a los agrocombustibles o a la agricultura industrial, tienen consecuencias irreparables para la naturaleza y los modos de vida de personas y comunidades, además de estar incentivando el acaparamiento de tierras en todo el mundo.
El desplazamiento forzado es hoy una estrategia fundamental para la implementación de estos megaproyectos a la par que una gravísima consecuencia de su actividad. Algunas activistas latinoamericanas nos han enseñado que habitualmente la gente no se desplaza porque hay violencia, sino que hay violencia para desplazar a la gente. Las y los líderes en resistencia (indígenas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos…) sufren asesinatos, desaparición forzada, violencias ejemplarizantes para sembrar el miedo y desarticular las resistencias. No son estrategias residuales, sino sistémicas contra personas que “estorban” a la imposición de este modelo. Las comunidades se ven expuestas a formas de coacción que les obligan a entregar sus territorios. Más allá de estas violencias visibles e invisibles, la consecuencia última es la desaparición de modos de vida de quienes viven en conexión con el territorio, y su desplazamiento forzado.
En el centro de este sistema que desplaza y despoja, se encuentra la vida y cuerpo de las mujeres. El rol de sostenedoras de la vida, que ha conllevado la división sexual del trabajo, hace que sean ellas las que poseen una mayor relación con los bienes naturales, los cuales actualmente están desapareciendo o privatizándose a favor de las grandes corporaciones. A todo esto se suma el hecho de que en muchas ocasiones las mujeres no poseen la titularidad de las tierras, aunque sean ellas las que la cultiven y la cuiden; su trabajo mayoritariamente se enmarque en el ámbito de la llamada economía informal, en la que no cuentan con ningún tipo de reconocimiento hacia sus derechos laborales; y se les dificulte el acceso a los espacios de toma de decisiones, por lo que cuando se implementan megaproyectos, sus intereses no se tienen en cuenta y sus experiencias y conocimientos se invisibilizan. Todo ello conlleva aparejada la reproducción de diferentes tipos de violencias sobre sus cuerpos y vidas, las cuales forman parte de las estrategias persecutorias directamente relacionadas con el desplazamiento forzado.
Una parte muy significativa de las personas que llegan hoy a la Unión Europea huyen de estas realidades, son personas refugiadas. Invisibilizar las causas que las expulsan legitima un modelo de desarrollo voraz, desresponsabiliza a nuestros gobiernos y corporaciones y favorece la justificación de la represión y la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes.
Por todo ello:
- Urge superar la fantasía de la naturaleza como ilimitada; reconocer la vulnerabilidad y la eco-interdependencia de las personas; deslegitimar la acumulación de bienes materiales; defender que la vida de todas las personas es igual de relevante; reivindicar el reconocimiento de las diversidades de vidas y personas como un bien comunitario. Urge avanzar hacia un nuevo paradigma que ponga la economía y la organización social al servicio del cuidado de la vida.
- Es necesario garantizar un marco jurídico vinculante que vele por los derechos humanos frente a los intereses del poder corporativo. Requerimos un marco legal, dotado de organismos y mecanismos que impongan sanciones y obligaciones a las empresas trasnacionales. En el contexto del estado español y el País Vasco, en el marco de la coherencia de políticas públicas, reivindicamos la elaboración de un mecanismo de fiscalización de la actividad que realizan las empresas españolas y vascas en el extranjero. Debemos garantizar que las empresas trasnacionales que tienen aquí su casa matriz respeten el marco internacional de los derechos humanos y no reproduzcan prácticas que generen directa o indirectamente desplazamiento forzado.
- Reivindicamos el reconocimiento de las personas que sufren las consecuencias de la degradación ambiental y una violación de sus derechos socioeconómicos como personas refugiadas que merecen protección internacional. El Estado español no puede seguir violando el principio de no devolución, expulsando a personas a lugares donde su vida corre peligro, ni seguir incumpliendo los convenios internacionales de derechos humanos.
- Denunciamos el consumismo, como un sistema que intensifica las desigualdades sociales y económicas, y acentúa el expolio de bienes naturales acelerando la degradación y destrucción del planeta. Por lo cual, apelamos a la conciencia de la ciudadanía vasca sobre el papel que como consumidoras tenemos en el mantenimiento de este modelo y en la oportunidad de transformarlo.
- Llamamos a que la ciudadanía siga movilizándose en contra de las políticas represivas que están dejando a las personas migrantes y refugiadas morir en el tránsito, y mantenga el pulso de reivindicar la acogida y la convivencia, demostrando una conciencia crítica y una ética frente al inmovilismo político.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad internacionalista feminista para generar alianzas entre los movimientos que permitan construir prácticas económicas y de organización social alternativas desde la alegría y el cuidado.
