El Estado español expulsó colectivamente a 73 inmigrantes que habían llegado al peñón de la Isla de Tierra en agosto de 2012 en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas, contraviniendo la Ley de Extranjería y haciendo caso omiso a la recomendación del Defensor del Pueblo . Son los argumentos que basan la Demanda a la que ha tenido acceso a la Cadena SER, en la que dos de los afectados reclaman ahora ante la justicia europea que se condene a España por ello, que supuso una clara vulneración de sus derechos, según Migroeurop, la red europea que aglutina a medio centenar de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes.
