El año 2012 entró en vigor una nueva normativa que regula las condiciones laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras de hogar.
Si bien supuso un avance en algunos aspectos, todavía quedan cuestiones pendientes que siguen colocando a este sector en situación de desigualdad con respecto a otros.
Así, entre otras cuestiones, permite jornadas de 60 horas semanales; no concreta las tareas ni establece categorías profesionales; no regula l
a jornada nocturna ni define claramente los descansos; legaliza descuentos sobre el salario por alojamiento y/o manutención de hasta un 30% del mismo; en el caso de las internas, no fija los requisitos mínimos que debe cumplir el alojamiento de las mismas, ni su régimen de comidas…; no hay normas de seguridad e higiene en el trabajo…
Esto unido a la dificultad de negociar un Convenio colectivo y la absoluta falta de implicación de los servicios públicos de empleo (en la CAV, Lanbide) para intermediar en el sector, colocan a las trabajadoras de hogar en una clara desventaja a la hora de negociar sus condiciones laborales que suelen quedar a la discreción de quienes las contratan o a la intervención de agencias privadas de colocación y prestadoras de servicios que la mayoría explotan, engañan y se lucran del trabajo de las empleadas de hogar. Así, entre otras cosas, ofertan empleos de 7 días a la semana, no respetan los descansos, discriminan por el origen de las personas, cobran parte del salario de las trabajadoras mensualmente llegando hasta un 50% del mismo, no dan de alta en la Seguridad Social….
Tratando de paliar esta situación, entidades que intermedian en el empleo doméstico sin ánimo de lucro y/o asesoran a las trabajadoras de hogar respecto a sus derechos laborales en Bizkaia, han concretado un acuerdo que fija las condiciones a respetar en todas las contrataciones.
Consiste en una tabla que establece los salarios mínimos que debieran regir dependiendo de las jornadas y tareas contratadas en cada caso y que sirvan de referencia para las partes.
Una vez más, insistimos en la necesidad de una regulación legal que reconozca realmente derechos, que los servicios públicos de empleo, en nuestro caso Lanbide, intermedien también en este sector de forma ágil y eficaz (de hecho, el propio Parlamento vasco ha instado a Lanbide a que esto sea así hasta en cuatro ocasiones en los últimos años) y que la Inspección de trabajo controle y sancione a las agencias privadas de colocación que actúan impunemente al margen de la legalidad.
