Bogotá, 27 de enero de 2024.

Una Delegación Vasca compuesta por Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y organizaciones sociales vascas ha visitado Colombia para dar seguimiento a la situación de las personas y colectivos que han participado en el Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El objetivo de esta misión es realizar un seguimiento a la situación personal y organizativa de las personas acogidas en Euskadi en los años 2022 y 2023 y visibilizar el apoyo institucional y organizativo vasco a sus procesos en defensa de los derechos humanos y del territorio.

La Delegación Vasca ha visitado Santander de Quilichao (Cauca) y Medellín (Antioquia), donde se ha reunido con las organizaciones a las que pertenecen dos de las personas acogidas en el Programa Vasco: Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Asimismo, ha mantenido encuentros con la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, el Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca, la Asociación Campesina para el Desarrollo Rural (ACADER), el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En Medellín, asimismo, se ha mantenido un encuentro con la Misión de Verificación de la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Geneva Call, la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y las secciones departamentales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Defensoría del Pueblo.

Finalmente, en Bogotá se han mantenido encuentros con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), Sisma Mujer, En Movimiento y la Corporación Vivamos Humanos. Y ha desarrollado una agenda de encuentros con organismos internacionales, cuerpo diplomático e instituciones del país a las que se les han trasladado las principales demandas, preocupaciones y propuestas recogidas en los territorios. Se han establecido espacios de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Embajada de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes de la República, la Consejera Presidencial para los Derechos

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, el Alto Comisionado para la Paz y el Gobierno Indígena.

La Delegación Vasca, compuesta por la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad y eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamenro Vasco, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y las organizaciones Alboan, Mugarik Gabe y Zehar-Errefuxiatuekin, agradecemos a todas ellas su recibimiento y acogida.

La Delegación Vasca ha constatado en los encuentros y reuniones mantenidas a lo largo de su visita, que a día de hoy el dolor, sufrimiento y violencia sigue siendo una constante en la vida diaria del país.

Mostramos ante esta situación nuestro APOYO y SOLIDARIDAD con los liderazgos sociales, las personas defensoras de derechos humanos y sus colectivos, pueblos indígenas, pueblo negro y comunidades campesinas, principales víctimas de las violencias y la reconfiguración del conflicto en los territorios. Reconocemos su compromiso y su legítima labor en la defensa de la vida y la construcción de la paz en Colombia.

Mostramos nuestra PREOCUPACIÓN por:

• La presencia de grupos armados ilegales en los territorios y el aumento de las violencias contra las comunidades rurales (indígenas, afrodescendientes y campesinas).
• La falta de garantías para la defensa de la vida en los territorios.
• La focalización de las amenazas y violencias contra los liderazgos sociales.
• El despliegue de diferentes estrategias de control social y territorial, como la cooptación de los liderazgos sociales, las prohibiciones de movilidad e imposición de normas de conducta, el confinamiento, toques de queda.
• La presencia del narcotráfico y de otras economías ilícitas como elemento imprescindible para perpetuar la violencia y el conflicto en el país.
• El aumento del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, a menudo forzado, o mediante estrategias diversas de control como el microtráfico, el engaño o la coacción.
• La utilización de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes como arma de guerra sigue siendo estrategia habitual en el marco del conflicto.
• La insuficiente implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP con enfoque diferencial y de género. Entendemos que la apuesta por una política pública de Paz Total no será posible si este Acuerdo no se implementa de manera integral en los territorios.
• La persistencia de altos niveles de impunidad en que permanecen las violencias que sufren las lideresas y los líderes sociales, sin avances en los procedimientos de investigación, judicialización y sanción de los autores intelectuales.

Ante esta situación, la Delegación Vasca reconoce la voluntad del Gobierno y los pasos dados en la definición de políticas públicas que generen cambios estructurales en el país, tales como las relativas a igualdad y derechos humanos. En este sentido, saludamos la Directiva Presidencial para respaldar y reconocer la labor de la defensa de los derechos humanos (Directiva 07 de 2023). Su implementación constituye un desafío y debe ser una vía para construir nuevos escenarios y proteger a las personas, colectivos y comunidades defensoras de derechos humanos.

Y RECOMENDAMOS:

• La coordinación institucional para garantizar el derecho a la protección, el derecho a la no repetición y evitar la revictimización de las comunidades, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
• El fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas rurales mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque étnico y de género.
• La participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en los procesos de paz y en la definición e implementación de los Planes de Desarrollo. Consideramos importante que estos Planes incorporen enfoque de derechos humanos, diferencial y de género.
• El avance en las negociaciones con los distintos actores armados como elemento indispensable para el proyecto de Paz Total que incluya el impulso a la Ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales.
• El impulso a una discusión amplia y participada sobre el modelo de protección. Estimamos oportuno el fortalecimiento y avance hacia mecanismos de protección colectiva y familiar, para lo que se hace urgente la derogación del Decreto 1139 de 2021. Asimismo, sería deseable la incorporación del enfoque diferencial y de género, y su transversalización.
• El fortalecimiento de los mecanismos de protección y control territorial propios de los grupos étnicos: guardias indígenas y guardias cimarronas, así como el reconocimiento a sus formas de organización y gobiernos propios.
• El impulso de la reforma rural integral, tal y como prevé el capítulo 1 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Avanzar en la redistribución de tierras de los pueblos indígenas, pueblo negro y comunidades campesinas. En el caso de Antioquia, es de especial preocupación la situación de 40 familias indígenas zenús desplazadas en Medellín y articuladas en la Asociación de Víctimas Indígenas Zenúes de Antioquia (ASPIZA), así como el avance en la compra de predios en El Bagre (Bajo Cauca).
• La incorporación del Tratado de Escazú a la normativa interna del Estado colombiano.

COMPROMISOS:

La Delegación Vasca muestra su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Paz mediante el fortalecimiento del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y otras herramientas de acompañamiento y solidaridad.

Manifiesta su total disposición a mantener espacios de dialogo con las instituciones colombianas y a seguir apoyando a las organizaciones, comunidades y colectivos que cada día apuestan por vivir en un país en paz con justicia social, ambiental y de género.