La Comunidad Internacional ha llegado al acuerdo de promover y proteger los derechos humanos. Todos los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de estos derechos en condiciones de libertad y seguridad. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos no solo abundan las guerras y dictaduras, sino que las democracias son cada vez más débiles, y los espacios para la sociedad civil se van cerrando. En general, han aumentado las asimetrías de poder, la desigualdad, la exclusión y las múltiples formas de discriminación.
Los defensores y defensoras alzan la voz en favor de la libertad de expresión, cuestionan el racismo y el patriarcado, condenan la tortura, luchan por la defensa de la tierra y el medio ambiente, exigen responsabilidades y construyen alternativas para lograr la justicia, la igualdad y la paz. Por su parte, gobiernos, grupos armados, empresas se esfuerzan en silenciar y desacreditar su labor para proteger sus intereses por encima de los derechos humanos, catalogándoles como delincuentes, indeseables, terroristas, antipatriotas o contrarios al desarrollo. Habitualmente se les criminaliza y se hace un uso indebido del derecho penal para paralizar sus reivindicaciones y debilitar sus organizaciones.
Cada día, numerosos defensores y defensoras sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad. Según Front Line Defenders desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y Defensoras de 1998, más de 3.500 defensores/as de los derechos humanos han sido asesinados/as por su labor pacífica de defensa de estos derechos.
El Mecanismo de la Unión Europea para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el periodo 2016 y 2017 ha publicado un total de 1.587 alertas, entre las que se incluyen 384 por homicidios, 842 por criminalización, 195 por amenazas, 91 por agresiones y 75 por medidas privativas de libertad. En al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos, como periodistas, sindicalistas, abogados/as, defensores/as de derechos de las mujeres o de colectivo LGTBI y, sobre todo, a defensores/as del territorio y los bienes naturales comunes frente a la instalación de megaproyectos; en 63 países defensores y defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio; en 68 países fueron objeto de arresto o detención solo por su labor pacífica; en 94 países recibieron amenazas o sufrieron agresiones.
Por todo ello, las organizaciones firmantes queremos reconocer de manera pública el papel fundamental de los defensores y defensoras, sus organizaciones y movimientos; y sus esfuerzos para realizar su labor en un contexto de gran violencia y deterioro democrático y protegerse de unos ataques cada vez más graves y frecuentes. Los Estados, por acción u omisión son responsables de las causas profundas que provocan estos ataques y deben garantizar un espacio seguro en el que puedan desempeñar este papel crucial en condiciones de libertad y seguridad. Por todo lo anterior, exigimos a las autoridades públicas competentes que:
- Reconozcan públicamente, al más alto nivel de Gobierno, el papel esencial que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos.
- Investiguen, procesen y, en su caso, condenen a los perpetradores de los ataques contra defensores/as de derechos humanos así como asegurar a las víctimas el acceso a una reparación efectiva.
- Prioricen en la agenda política e institucional las iniciativas que permitan garantizar un espacio seguro para los defensores y defensoras, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
- Garanticen que las empresas, en sus territorios y en sus actuaciones en otros países, y que, en los casos en los que sí suceda, se indemnicen los daños y se depuren las responsabilidades.
