| Nota informativa
Viernes, 25 de febrero de 2011 A las secciones de Sociedad e Internacional |
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Ante las revoluciones democráticas en el norte de África y Oriente Medio, y la represión desatada
CEAR condena las violaciones a los derechos humanos y recuerda a la UE su responsabilidad con las personas refugiadas
Los levantamientos populares exigiendo libertades, que se están produciendo en países de todo el norte de África y Oriente Medio, han provocado violentas reacciones en los respectivos gobiernos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado quiere, en primer lugar, condenar la represión que ha causado ya miles de muertos y heridos en todo el área, y una situación generalizada de persecución a amplios sectores sociales, grupos políticos opositores y otras minorías, especialmente graves en el caso de Libia.
Los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil podrían constituir crímenes contra la humanidad y, en consecuencia, exigimos una investigación internacional para iniciar procedimientos judiciales contra sus responsables. El pasado 22 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha señalado que los ataques militares contra los ciudadanos desarmados podrían constituir crímenes contra la humanidad.
CEAR quiere recordar que las personas que huyen en estos momentos de países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Yemen o Bahrein, porque sus vidas corren peligro como consecuencia de la acción de gobiernos represores, tienen derecho a recibir protección en un estado seguro, según el Derecho internacional y la legislación española.
Muchos seres humanos se han visto ya obligados a huir y es previsible que muchos más tengan que hacerlo en poco tiempo. De hecho, personas refugiadas libias y tunecinas ya han llegado a costa italiana, y, dependiendo de la evolución de los acontecimientos, pronto podrían llegar más al conjunto de la frontera sur de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias han demostrado hasta el momento una mayor preocupación por la estabilidad regional, el abastecimiento de petróleo y gas, y la contención de los migrantes. Los muros físicos y jurídicos de la frontera sur europea no deben impedir a estas personas el ejercicio de su derecho fundamental a solicitar protección y asilo.
CEAR reclama al gobierno español y al conjunto de la Unión Europea que asuman su responsabilidad con la Convención de Ginebra para los Refugiados, y que dispongan las medidas necesarias para acoger dignamente a la población refugiada que pueda llegar a su territorio. Es preciso recordar que la UE tiene previsto un mecanismo legal de asistencia inmediata en casos de afluencia masiva, la directiva de protección temporal[1], que ya se ha incorporado a las normativas de los países miembro, entre ellos España[2].
[1]Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
[1]Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
