Los jóvenes identificaron al agente que les pegó, pero fueron expulsados y se archivó la denuncia
LA AUDIENCIA DE VALENCIA REABRE LA INVESTIGACIÓN POR UNA AGRESIÓN POLICIAL A MENORES ARGELINOS EN ZAPADORES
La Audiencia de Valencia ha acordado la reapertura de la investigación por los malos tratos denunciados por unos menores argelinos en el CIE de Zapadores en 2012. El alto tribunal considera que los hechos pueden constituir un delito de torturas -artículo 174 del Código Penal- y ordena que “al menos” se investigue si alguno de los policías identificados por los jóvenes fue el autor de la agresión ya que en el juzgado en el que se archivó el caso inicialmente “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”, según consta en el auto de la sección tercera de la Audiencia en el que se admite el recurso de apelación de las víctimas. Esta decisión se suma a la reciente imputación judicial a otro policía de Zapadores por golpear y humillar a un ciudadano argelino en octubre de 2013.
El 8 de abril de 2012, once personas llegaron a la costa de Níjar (Almería). Después de jugarse la vida durante 20 horas de travesía a bordo de una patera, fueron detenidas y a cinco se les recluyó en Zapadores a pesar de que al menos tres aseguraron ser menores de edad. Según su declaración, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin encontrar nada, pero a los pocos minutos uno de los agentes volvió y arremetió de inmediato contra ellos: les golpeó repetidamente con las manos y con la porra, infligiéndoles graves contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, según denunciaron. Los jóvenes declararon que el policía les gritaba mientras les pegaba, pero no entendieron nada porque no hablan castellano, y que este mismo agente también agredió a un hombre encerrado en una celda próxima.
A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad porque se produjo una detención ilegal de menores y se vulneró el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. El 30 de abril de 2012, todos ratificaron ante el juez los hechos, identificaron a los policías que estaban de guardia esa noche y describieron con detalle al agresor: un policía con color de pelo “rojo” o “rubio”, “grande”, de “complexión fuerte” y “con patillas”.
El juez desestimó el habeas corpus aunque continuó abierta la investigación iniciada por la denuncia de malos tratos en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. De hecho, los jóvenes añadieron a la denuncia una queja por las represalias que sufrieron en Zapadores tras su declaración judicial: al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, les impidieron beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados en su cuarto durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que paliara el dolor provocado por las lesiones. También se formalizó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas eran menores y si los cinco no permanecían en España no se podría llevar a cabo “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”.
Sin embargo, fueron expulsadas pocos días después y la única diligencia judicial practicada desde entonces fue citarlas a declarar casi un año después de haber sido deportadas a Argelia. Aunque se facilitaron datos para que las víctimas pudieran declarar a través del consulado español en Argelia, el Juzgado de Instrucción nº 4 decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013 sin tomar declaración a las víctimas ni a los policías que estaban de servicio.
La decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir las investigaciones revoca el archivo de la causa decretado por el juzgado de instrucción y cuestiona la respuesta gubernamental a las preguntas sobre el caso que formuló el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto. El 14 de junio de 2012, el Gobierno, argumentando que todas las denuncias habían sido archivadas judicialmente, aseguró que “la acusación de malos tratos presuntamente cometidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía contra estos internos, así como toda clase de represalias, carecen de base alguna”. El Ejecutivo de Rajoy dio por cerrado el caso antes de que se agotara el procedimiento judicial, negó todas las acusaciones sin que la justicia concluyera su trabajo y evitó responder sobre la investigación interna que debía haber realizado al tener conocimiento de los hechos.
El auto de la Audiencia también reafirma la legítima actuación de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento en este caso, que prestó atención psicosocial, médica y jurídica a los denunciantes. Sin embargo, el director del CIE de Zapadores no lo entendió así e interpuso una denuncia por calumnias contra las y los representantes de varias organizaciones de la Campaña por haber comunicado a las autoridades los hechos de los que habían tenido conocimiento para que pudieran ser investigados. El juzgado sobreseyó la denuncia, poniendo de manifiesto su carácter infundado: fue un intento frustrado de amedrentar a la treintena de organizaciones sociales de la Campaña que continúa divulgando -antes y después de la denuncia por calumnias- las presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que se cometen dentro y fuera de Zapadores.
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros valora positivamente la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen se esclarezcan los hechos teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas, quienes ya manifestaron en su día su voluntad de ratificarse en las declaraciones iniciales que realizaron ante el juez. La Campaña también espera que este precedente judicial suponga el fin de la práctica casi sistemática de expulsar a las presuntas víctimas de malos tratos, e incluso a los testigos, cuando se acude a la justicia para que investigue los hechos; si no se paralizan las expulsiones, las actuaciones judiciales acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva.
Se adjunta el auto de la Audiencia de Valencia de 6 de marzo de 2014, con los nombre de los denunciantes omitidos, y la respuesta del Gobierno sobre este caso del 14 de junio de 2012 (Boletín Cortes Generales, 19 septiembre de 2012).
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