–Asunción de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por parte de las notarías en detrimento de de los juzgados encargados del Registro Civil. Esta circunstancia supone una suerte de privatización parcial del procedimiento, que por una parte seguramente representará un incremento de los costes para los solicitantes y por otra la desaparición de las garantías que supone la supervisión judicial de un proceso con un impacto de gran calado en los derechos fundamentales de las personas extranjeras. –Introducción de “razones imperativas de orden público, de seguridad o interés nacional” como causa de pérdida de la nacionalidad española no de origen. Al grado de discrecionalidad y subjetividad que otorga una causa explicitada con unos términos tan ambiguos se suma la utilización como medio de control político de las personas nacionalizadas que esa misma literalidad podría facilitar al Gobierno español. Por lo expuesto, desde la APDHA entendemos imprescindible la retirada de esas propuestas del citado borrador. En caso de que se plantee una reforma del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española, ésta debería estar encaminada a incluir esa visión democrática e inclusiva que facilite el acceso a la misma a las personas extranjeras establecidas en España si así lo desean, para lo que podrían reducirse los plazos de residencia exigidos o dar un mayor peso al hecho de nacer en suelo español, entre otras medidas. Y, dando un paso más allá, consideramos necesarioavanzar en la desvinculación del reconocimiento pleno de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos fundamentales de la nacionalidad, potenciando el criterio de la residencia estable independientemente de la nacionalidad que se ostente. Andalucía, 1 de abril de 2013 |
