La misión, liderada por Zehar-Errefuxiatuekin en coordinación con organizaciones sociales y líderes y lideresas locales, evidencia la relación entre el recrudecimiento de la violencia, la instalación de proyectos extractivos y el desplazamiento forzado.
La hidroeléctrica Hidroituango, implementada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha impactado en la posibilidad de permanencia en el territorio de muchas de las comunidades afectadas por el proyecto, generando empobecimiento y desplazamiento forzado. Raquel Celis, del equipo de Incidencia de Zehar-Errefuxiatuekin, ha constatado in situ que “los barequeros y barequeras que extraían oro en las riberas del río Cauca han sido las más afectados, y denuncian la pérdida de una cultura ancestral y la imposibilidad de encontrar nuevos modos de vida tras la desaparición de la minería artesanal. Líderes y lideresas en resistencia están siendo hostigadas por los diferentes grupos armados que operan en la zona de influencia de la presa. Las mujeres enfrentan de manera acuciante la pérdida de soberanía alimentaria, la precarización del acceso a la salud y de las violencias machistas, en un entorno fuertemente masculinizado por el aumento de trabajadores al servicio de la empresa y de actores armados legales e ilegales”.
La zona de influencia de la hidroeléctrica tiene un alto interés estratégico para la entrada de multinacionales mineras: el 90% de las tierras habitables han sido concesionadas. Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en señalar la violencia y la ruptura del tejido social como una estrategia para despojar, controlar a la población y beneficiar la entrada de proyectos extractivos, generando mayor pobreza y desplazamiento forzado.
La misión ha sido organizada en coordinación con Paz Con Dignidad-OMAL, la Corporación Jurídica Libertad, la Red de Organizaciones Campesinas y Sociales del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos y el Movimiento Ríos Vivos.
Se ha realizado un recorrido desde Medellín a los municipios de Toledo, Ituango, Valdivia y el corregimiento de Puerto Valdivia en el que han participado las periodistas Hibai Arbide y Adriana Cardoso, de Zungu Coop.; Arantxi Padilla y Marcos Alonso, de EiTB; María Ángeles Fernández, de Pikara Magazine y www.desplazados.org; el foto periodista free Jairo Marcos, cofundador del mismo medio; Maite Asensio, de Berria; Gabriela Sánchez, de www.eldiario.es ,y Silvia Corredor, de El Espectador. Durante siete días la misión se ha entrevistado con más de veinte líderes y lideresas sociales de dichas zonas y organizaciones, que han trasladado la situación de sus comunidades.
EPM, que ha recibido a Zehar-Errefuxiatuekin y a la prensa, emplea el concepto de ‘resaneamiento involuntario’ para quienes han perdido todos sus bienes, incluida la vivienda. Un total de 279 familias que asegura ya han sido reparadas. También ha censado a otras 1.299 familias como ‘afectadas’ que, según la empresa, no han tenido que reasentarse. Celis lamenta que “no reconozca el desplazamiento forzado de comunidades provocado por la pérdida de los modos de vida y la degradación del territorio. Son personas deshabitadas”.
