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Crece la oposición al encierro de inmigrantes por no estar en situación regular
Los Centros de Internamiento de Extranjeros dejan de ser invisibles
Dos muertes en un mes traen la existencia de los CIE a primera línea del debate público tras su reglamentación en 1999.
Diego Sanz Paratcha (Redacción) Jueves 19 de enero de 2012. Número 165 Número 166
Concentración por la muerte del interno Idrissa Diallo y por el cierre de los CIE. Barcelona, 8 de enero. Foto: Albert García.
La sucesión de dos fallecimientos bajo custodia ha traído a la actualidad mediática y política la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dependencias donde se priva de libertad hasta 60 días a inmigrantes que no pueden demostrar su estancia regular en el Estado español. Una orden ministerial permitió en 1999 la apertura de estos centros (PDF) (nueve hasta la fecha) en el Estado español, si bien la reclusión de irregulares bajo un régimen separado existe desde 1985.
El 19 de diciembre moría en el CIE de Aluche (Madrid) la congoleña Samba Martine y el 6 de enero fallecía en el centro de Zona Franca (Barcelona) el joven de Guinea-Conakry Idrissa Diallo. En el primer caso, el motivo oficial de la muerte es una meningitis; en el segundo, un infarto.
“Llevo desde 2004 en colectivos de lucha contra los CIE y nunca había visto tanta atención de un medio”, dice Cristina, una activista barcelonesa, en referencia a la campaña abierta por El Periódico de Catalunya después de que se conociera que la muerte de Diallo, de 21 años, se produjo de noche, cuando los CIE no disponen de personal médico. Según los testimonios de sus cinco compañeros de celda, Diallo llevaba reclamando atención médica desde el día anterior por padecer fuertes dolores. La Policía Nacional lo niega y asegura que el joven sólo había pedido tratamiento días antes por una gripe.
A partir de aquí, El Periódico le dedicó al asunto cuatro portadas consecutivas, tres de ellas con foto, y llegó a abrir una campaña en la web Actuable para exigir al nuevo Gobierno del PP “el fin del limbo legal de los Centros de Internamiento de Extranjeros”. El CIE de Zona Franca se inauguró en 2006, y en su interior se habían producido ya otras dos muertes en circunstancias similares a las de Idrissa Diallo.
Una realidad más visible
Las denuncias sobre el carácter discriminatorio de los CIE aumentaron su incidencia pública desde el año 2008, con motivo de la conocida como “Directiva de la Vergüenza”, la reglamentación de la UE que permite a los países miembros recluir un máximo de 18 meses a personas sin papeles en espera de su deportación. Pese a que la campaña no pudo evitar que el Gobierno del PSOE aumentara el periodo de reclusión en el CIE de 40 a 60 días, en su marco sí se consiguió que se creara la figura de los juzgados de vigilancia de los CIE, y que determinadas asociaciones puedan realizar visitas de fiscalización a su interior.
Fue un juzgado de vigilancia, el de instrucción número 6 de Madrid, el que propinó en un auto un fuerte golpe a la dirección del CIE de Aluche tras la muerte de Samba Martine en diciembre. El auto, que fue difundido por la Cadena SER, hablaba de las condiciones de “hacinamiento” de este centro y hacía notar el hecho de que no cuenta con una habitación separada para atender a las personas enfermas. En similares términos se expresó el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), Rafael Ribó, ante el Parlamento catalán el 27 de diciembre para referirse al centro de Zona Franca, que todavía no ha visitado por carecer de competencias.
El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional, reaccionó a la noticia de la muerte con un comunicado en el que hacía suya la expresión “Guantánamos españoles” para referirse a los CIE y señalaba la “hipocresía” de los gobiernos del PSOE en materia de inmigración.
En respuesta a estas muertes varias asociaciones están tomando medidas legales por la posible actuación negligente en los CIE. En Barcelona, Papers per a Tothom y la asociación DAB se han dirigido al juzgado de instrucción número 5, encargado de la investigación del caso, para personarse como acusación popular.
En Madrid las organizaciones que realizan visitas periódicas de fiscalización al centro de Aluche esperan presentar dos denuncias complementarias. “Queremos saber cómo se actuó ante la enfermedad de Samba, si es que se actuó en algún sentido”, comenta Pablo Rodríguez, de la red Ferrocarril Clandestino.
Para Cristina, la activista barcelonesa, la campaña de El Periódico y el mayor interés por asuntos relacionados con la inmigración desde la existencia del 15M aumentan la necesidad de trabajo conjunto. Los grupos anti-CIE preparan una concentración frente a las delegaciones del Gobierno en Barcelona y Valencia a las 12 horas del viernes 20 de enero.
¿Seguro que hay nueve CIE?
Oficialmente existen nueve centros de internamiento de extranjeros en el Estado español. No obstante, diferentes organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos señalan que hay más centros que cumplen la misma función y se manejan con los mismos criterios, pese a no estar reconocidos como tales.
Este completo informe de 2008 (PDF) detalla el emplazamiento y características de estos CIE no oficiales situados principalmente en Canarias y Almería.
http://www.diagonalperiodico.net/Cuenta-atras-para-el-cerrojazo.html
LAS DECLARACIONES DE UN DIPUTADO DEL PP REAVIVAN EL TEMOR A QUE SE BLOQUEEN LAS REGULARIZACIONES
Cuenta atrás para el cerrojazo
El Gobierno de Rajoy sólo tendrá que aplicar un supuesto ya previsto en la Ley para subordinar a la situación nacional de empleo las solicitudes de ‘papeles’ de quienes residen de forma irregular.
Diego Sanz Paratcha (Redacción) Lunes 19 de diciembre de 2011. Número 163 Número 164
Foto: Olmo Calvo
Después de las elecciones del 20N, el primer cargo del Partido Popular que anunció algún tipo de medida política de ámbito estatal fue Rafael Hernando, portavoz del PP en la comisión de inmigración del Congreso de los Diputados. El presidente electo, Mariano Rajoy, se demoró hasta el sábado 3 de diciembre para salir de su silencio con una versión casera del “sangre, sudor y lágrimas” de Churchill.
Lo que anunció Hernando el jueves 24 de noviembre fue el fin del procedimiento conocido como arraigo social, la principal vía de regularización para quienes viven en territorio español sin permiso de residencia ni trabajo. El número uno del PP por Almería, que no figura en ninguna ‘quiniela’ de ministrables, dijo muchas cosas en sus declaraciones a la agencia Efe: habló de implantar “la inmigración circular”, de “vincular la inmigración al empleo” de reformar siete artículos del Reglamento de Extranjería y de terminar con la supuesta entrada masiva de irregulares con visado de turista.
Pero sobre todo, lo que concretó fue que el Gobierno aplicará la llamada situación nacional de empleo a las nuevas solicitudes de tarjetas de residencia y trabajo tramitadas con la fórmula del arraigo social. Hasta ahora, la residencia continuada de tres años y el presentar un contrato de trabajo de un año de duración eran las dos principales exigencias para tramitar los ‘papeles’ por esta vía.
La única de las medidas mencionadas por Hernando que podrá ejecutar el nuevo Gobierno en su primer consejo de ministros es precisamente ésta. “Para reformar los artículos 123 a 130 del Reglamento de Extranjería, el Gobierno tendría que redactar y aprobar una Ley Orgánica”, precisa Adolfo Gutiérrez, abogado de extranjería en la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del madrileño Centro Social Seco. “Esto les llevaría como poco tres o cuatro meses”, explica.
En cambio, la limitación de los contratos por arraigo a aquellos sectores en los que no existe desempleo se puede hacer mediante una simple orden ministerial, de acuerdo con el actual Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno del PSOE en abril de 2011. “La propuesta del PP la puso sobre la mesa y la hace posible el Gobierno de Zapatero”, se apresura a aclarar Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.
Las consecuencias de este cambio se pueden consultar en el catálogo de profesiones de difícil cobertura que publican cada cuatro meses los servicios públicos de empleo: la bolsa de irregulares, de entre medio millón y un millón de personas, podría aspirar a puestos altamente cualificados (como diversas especialidades en medicina) o a contratos sectoriales en la marina y el deporte profesional. En otras palabras, el temido cerrojazo migratorio se podría aplicar de derecho sin modificar la Ley.
La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, ya había avisado en el tramo final de la reforma del Reglamento de Extranjería que la regularización por arraigo tendría que ser “cada vez más excepcional”. Terrón acudía a la fórmula usada en el título preliminar de la Ley de Extranjería para certificar que “el modelo español de inmigración” se basa en vincular la inmigración al empleo, una realidad que Rafael Hernando, en sus declaraciones a Efe, atribuyó a las intenciones futuras del Gobierno del PP.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en junio de 2011 había 70.684 personas de origen extranjero cuyo primer permiso de empleo procedía de un trámite por arraigo. Pero la referencia para medir el impacto de esta fórmula se encuentra, dentro de las estadísticas, en las casi 930.000 personas (de un total de 2.660.000 residentes regulares no comunitarios) que disponen de una tarjeta temporal de trabajo: la bolsa de mano de obra que en los últimos cinco y seis años ha accedido a la tarjeta de empleo por haber sido contratada en su país (una vía en declive desde 2008) y/o por haber aguantado los tres años sin tarjeta hasta poder conseguir un contrato para el arraigo.
Para Ahmed, un maestro senegalés de 35 años miembro de la ODS de Terrassa (Barcelona), el fin del arraigo supondría “una decepción total” para la gente que todavía espera cumplir los tres años de residencia o que está iniciando los trámites de la regularización. “El cambio no sería justo porque el Estado había adquirido un compromiso con ellos. Podrían haber ido a otro lugar, pero han preferido esperar hasta poder regularizarse”, afirma.
Esta espera, desde el inicio de la crisis, supone una carrera de obstáculos en muchas provincias españolas. No existen datos públicos sobre el número de tarjetas de arraigo denegadas, pero una alta funcionaria situaba el porcentaje de denegaciones en Madrid en el 80% de las solicitudes durante el verano de 2010.
“Ya es muy difícil conseguir un contrato de un año de duración, y además están mirando con lupa los datos fiscales de las empresas que hacen los contratos”, destaca Ahmed. El margen para la arbitrariedad administrativa es alto –los tiempos de espera llegan a un año– y varía según la provincia: en la de Barcelona, un bufete de extranjería llamado Legalcity ha llegado a requerir a la delegación del Gobierno que “explicite” los criterios que está siguiendo para admitir o rechazar las solicitudes.
Abdel Sabri, un técnico marroquí que vive con su mujer y su hijo en el barrio madrileño de San Blas, resume: “Primero han ido a por nuestros trabajos, luego a por nuestras casas y ahora a por nuestros papeles”.
