Informe ‘CIE, Derechos Vulnerados‘
Resumen Ejecutivo Informe ‘CIE, Derechos Vulnerados’
Migreurop denuncia la vulneración sistemática de derechos fundamentales en los CIE
La organización euroafricana reclama el cierre de estos centros y, entre tanto, exige una ley orgánica que regule su funcionamiento
“Personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad”, esta es la principal conclusión del Informe CIE, Derechos Vulnerados que ha sido presentado esta mañana en Málaga por la red euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre. El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a cuatro centros, concretamente a los de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona.
Las conclusiones del documento evidencian que las personas que se encuentran internadas en los CIE deberían estar en centros especiales sin carácter penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas personas están encerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad, y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la dignidad con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el centro”.
Las organizaciones miembro de Migreurop recuerdan que los internos tienen únicamente restringido por ley su derecho ambulatorio, por lo que consideran “inaceptable” que se les prive del resto. Por ello, Migreurop reclama el cierre de estos centros, muchos de los cuales –centros de Málaga y Algeciras- no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras tanto se produce el cierre, apuntan, “es prioritaria la aprobación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de los CIE, para que no se produzcan más atropellos a los derechos de las personas”, regulación que ha sido respaldada ya por más de 40.000 firmas y 400 entidades en una reciente campaña.
Durante su intervención, las organizaciones destacaron otras cuestiones no menos relevantes como el escaso o nulo control judicial de estos centros, las notables deficiencias en sistemas de evacuación y prevención de incendios, la designación de los internos por un número en lugar de por su nombre y apellidos y la ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, que impiden fiscalizar la actuación de los funcionarios y prevenir actividades ilegales, denunciadas en numerosas ocasiones por las personas que han pasado por estas instalaciones.
Ante las evidencias que plantea el informe, las organizaciones solicitan que se prohíba la detención de personas en lugares que no tengan la consideración legal de CIE, como en el caso de Tarifa, el acceso regular de las organizaciones sociales para fiscalizar su funcionamiento, la comunicación con el exterior a través de teléfonos públicos y móviles de su propiedad, una asistencia médica y social independiente, visitas en condiciones de dignidad e intimidad, mecanismos para prever malos tratos y transparencia y control de estos centros por parte de la autoridad judicial.
