• España se sitúa como el tercer país de la UE con más solicitudes y el último en el reconocimiento de protección, un 12% en 2023 frente a la media europea del 41,8%, dejando a miles de personas sin garantías de protección. 
• En 2024 (hasta el 31 de mayo) 3.300 personas han solicitado protección internacional en Euskadi y 73.130 a nivel estatal, una tendencia que de continuar así este año superaría las cifras de 2023, año en que hubo 6.153 solicitudes en Euskadi y 163.220 en el Estado español. 
• Waki salió de Togo en 2016 y tardó 7 años en llegar a Euskadi. Fue detenida en Libia, atravesó Marruecos y llegó a Larraña Etxea (Oñati) el pasado año, tras ser rescatada por Salvamente Marítimo.  

Dosier de prensa con datos, testimonios en audio/video y otros documentos de interés, incluido el Resumen Ejecutivo del Informe Anual de CEAR: https://acortar.link/20J_2024 

Bilbao, 19 de junio de 2024. En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas que se conmemora cada 20 de junio, Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR en Euskadi denuncian las dificultades que tienen las personas refugiadas para acceder a la protección internacional en el Estado español. La falta de vías de acceso seguras abocan a la desaparición, a la muerte de muchas personas y a la explotación y violencias en países de tránsito, que se ha convertido en gendarmes de la UE, como Marruecos y Libia, entre otros. Una situación extrema para todas las mujeres que se ven obligadas a desplazarse sin visado.  

El caso de Waki, mujer togolesa acogida por Zehar-Errefuxiatuekin en Larraña Etxea (Oñati) evidencia las consecuencias de una externalización de las fronteras agravada con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo el pasado mayo. “Tuvimos que salir de Togo porque la situación se agravó, en Níger conocí a mi pareja y en 2018 seguimos huyendo hasta alcanzar Libia, donde nos detuvieron a ambos durante dos años. Salí de allí con la ayuda de un carcelero, y cuando logramos escapar atravesamos Argelia, donde estuvimos trabajando para conseguir dinero, y Marruecos, donde nos tocó ocultarnos en el bosque de las redadas policiales. Intentamos diez veces salir de Tánger en una patera”. En 2023, la rescató en el mar Salvamente Marítimo y la llevó a las costas de Cádiz. Actualmente reside en Larraña Etxea, acogida por Zehar-Errefuxiatuekin.  

Marta García Terán, directora de Incidencia y Participación Social de Zehar-Errefuxiatuekin, ha sido contundente al respecto: “el Pacto agrava las peores tendencias de la política de fronteras de la UE: externalización del control a otros países, militarización, privatización y detención. Con una política de visados racista y sin otras vías seguras para alcanzar la UE, ejercer el derecho de asilo queda muy supeditado a las posibilidades físicas y materiales de las personas para enfrentar la violencia. Esta situación es muy grave para todas las personas que necesitan protección internacional y aboca especialmente a las mujeres a una violencia patriarcal terrible para alcanzar el Estado español y Euskadi”.  

Entre las medidas que emplean los países de la UE y expresamente el Gobierno español, cabe recordar la imposición de visados de tránsito para personas que encuentran en las escalas aeroportuarias una forma de alcanzar un país seguro y solicitar protección. Cuando las personas refugiadas acuden a esta vía, el Gobierno español responde imponiendo visados aeroportuarios. Así se ha hecho con Siria, Yemen, Kenia, Togo y Senegal, entre otros países. Y también a las personas titulares de pasaportes expedidos por la Autoridad Palestina. 

Según García Terán, “es lamentable que los partidos de extrema derecha aumenten su poder en Europa, pero no podemos olvidar que en materia de asilo y migraciones ya se venían implementando medidas de extrema derecha mucho antes de las elecciones del 9 de junio. Desde la muerte de Aylan y el éxodo sirio de 2015 hasta nuestros días lo que hemos visto es la sofisticación de un marco legislativo que legaliza la represión. El Pacto es el mayor retroceso de asilo que hemos visto en Europa. “ 

Este mes de junio se cumplen también 3 años de la masacre de Melilla que dejó al menos 37 personas fallecidas, 77 desaparecidas y un saldo de 470 devoluciones ilegales, sin que se hayan depurado responsabilidades. La mayoría eran personas de países en guerra abocadas a saltar la valla para ejercer su derecho a solicitar asilo. El Pacto va a traer una mayor impunidad ante la violencia en las fronteras.  

Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR en Euskadi han denunciado que el Pacto está diseñado para que las personas no puedan alcanzar la UE y si lo hacen devolverlas a la mayor celeridad sin procedimientos garantistas, permitiendo que las fronteras europeas sean espacios de no derechos. La defensa de los derechos humanos y la promoción de un sistema más justo y solidario para las personas vulnerables debería estar en el centro y no en los discursos de odio, la criminalización de la solidaridad, o lo que parece ser una victoria del negacionismo de los derechos humanos y de las múltiples emergencias humanitarias que afronta el mundo.  

“La fase de implementación del Pacto que se inicia en los próximos dos años es esencial para minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección. También será crucial que, de cara al próximo ciclo legislativo europeo, la UE tome como modelo su respuesta frente al desplazamiento forzado de Ucrania, e impulse un cambio de rumbo en las políticas migratorias y de asilo que sitúe en el centro a las personas y la protección de sus derechos como pilar fundamental para un Sistema Europeo de Asilo más eficaz, garantista y solidario” ha explicado Elena Valverde, coordinadora territorial de CEAR en Euskadi.   

Según Valverde, “no sólo persisten las barreras y obstáculos identificados para el acceso a España, cuando las personas logran llegar, la escasez y la imprevisibilidad de las citas previas para solicitar asilo alimentan un mercado irregular de compraventa de citas, invisibilizando las necesidades de protección y provocando la indefensión de miles de personas durante periodos de hasta nueve meses”. 

La dificultad de conseguir una cita para formalizar su solicitud de asilo mantiene a las personas en una situación de estrés e incertidumbre que se resuelve, en las mayorías de los casos (el 88%), en una resolución negativa por parte del Ministerio del Interior. La denegación de un estatuto de protección conjugada con al racismo institucional que facilita la Ley de Extranjería deja a las personas en una privación de derechos básicos para la vida, que facilita su exclusión social y explotación.  

Ambas entidades hacen un llamamiento a la sociedad vasca a “acoger sin discriminar”, lema de las manifestaciones y concentraciones promovidas por diferentes colectivos que recorrerán las calles de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, en la tarde del jueves 20 de junio. Asimismo, este día a las 19:30 en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao se realizará la grabación en vivo del programa de radio Carne Cruda sobre DESHABITADAS: No es el clima, es el capital de Zehar-Errefuxiatuekin. Las puertas se abrirán a las 19h, y se podrá acceder de forma gratuita hasta completar aforo.   

Tendencias globales 

A mediados de 2023, según el ACNUR, existían en el mundo 117,3 millones de personas desplazadas por una combinación de conflictos persistentes y emergentes, vulneraciones de derechos humanos, crisis económicas, ambientales y alimentarias, entre otras amenazas que afectaron desproporcionadamente a mujeres, niños y niñas. Una cifra récord que previsiblemente aumentará por los acontecimientos violentos producidos a lo largo de 2023, como la brutal ofensiva militar israelí sobre Gaza, que ha desplazado al menos a 1,7 millones de personas, la creciente inestabilidad sociopolítica que arrasa el Sahel, la catástrofe humanitaria en Afganistán, conflictos enquistados como los de Siria tras 13 años de guerra, Ucrania, Sudán y la crisis sociopolítica que atraviesa Senegal desde 2021. 

Datos de asilo en Euskadi 

En 2024 (hasta el 31 de mayo) 3.300 personas han solicitado protección internacional en Euskadi y 73.130 a nivel estatal, una tendencia que de continuar así este año superaría las cifras de 2023 (6.153 solicitudes en Euskadi y 163.220 en el Estado español).  

Atendiendo al género, 77.216 solicitudes fueron realizadas por mujeres y 86.004 por hombres para el conjunto del Estado en 2023. Venezuela sigue siendo el principal país de origen, seguido de Colombia, Perú, Honduras y Cuba.  

Euskadi ocupó en 2023 el noveno puesto en solicitudes. La primera Comunidad Autónoma volvió a ser Madrid con 52.684 solicitudes, seguido de Andalucía (25.984), Cataluña (14.775), canarias (8.621) y Galicia (8.438).  

En Navarra fueron 2.171 personas las que solicitaron protección en 2023 y 454 hasta el 31 de mayo de 2024.  

Atendiendo a Euskadi, Bizkaia fue la primera provincia en número de solicitantes, con 3.840, seguido de Araba con 1.226 y Gipuzkoa con 1.087. Una tendencia que se mantiene en los primeros 5 meses de 2024.  

En 2023 España ha sido el tercer país de la UE en número de solicitudes de protección internacional, mientras registra la tasa de reconocimiento más baja, dando protección sólo al 12% de las personas que la solicitan, un descenso respecto al 16% de 2022 y una tendencia contraria a la de UE, donde el pasado año se concedió protección internacional al 41,8% de las personas sobre las que se resolvió la solicitud.     

7.330 personas recibieron el estatuto de asilo y 3.833 una protección subsidiaria, sobre un total de 88.042 resoluciones que el Ministerio del Interior dictó a lo largo de 2023.  

CEAR presenta el Informe anual 2024: Las Personas Refugiadas en España y en Europa  

El Informe Anual de CEAR 2024: Las Personas Refugiadas en España y en Europa, hace balance y análisis de las cifras de asilo mundiales, europeas y estatales correspondientes a 2023. En este año, España registra la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de su historia: 163.220 solicitudes, un incremento del 37,3% con respecto a 2022 (118.842). Se mantienen así la tendencia al alza desde 2012, temporalmente interrumpida por la pandemia de la COVID-19. Una cifra a la que se añaden 33.928 nuevas concesiones de protección temporal a personas desplazadas de Ucrania en 2023. También cabe destacar la concesión de autorizaciones por razones humanitarias (41.487) que el Gobierno español otorga mayoritariamente a personas de Venezuela, 40.674, a través de la LOEX.