Lamentamos profundamente la muerte y desaparición de niños, adolescentes y adultos al servicio de intereses geopolíticos y exigimos medidas de reparación para sus familiares
Bilbao, 7 de agosto de 2026. Desde Zehar-Errefuxiatuekin defendemos la necesidad de poner la vida de las personas muertas y desaparecidas en el centro del análisis político y de la respuesta a la situación migratoria generada en Ceuta. Denunciamos la deshumanización que están viviendo personas migrantes y refugiadas por parte del Gobierno de Marruecos y de los Gobiernos europeos en una respuesta absolutamente condicionada por el origen de las más de 141 personas que han perdido la vida o desaparecido en el mar.
Lo que ha sucedido en la frontera sur no constituye una amenaza a la seguridad del espacio Schengen sino una tragedia humanitaria sin precedentes en términos de pérdida de vidas humanas y un dolor inenarrable para muchas familias que afrontan la muerte de sus hijos. Urge el rescate de los cuerpos, la atención, acompañamiento y reparación a las familias; la garantía del interés superior y los derechos humanos de la infancia; así como el cumplimiento estricto del Principio de No devolución para quienes se encuentran, de facto, en territorio ceutí.
Tal y como ha establecido el Tribunal Supremo, el rechazo en frontera —conocido coloquialmente como ‘devolución en caliente’— sólo puede aplicarse a quienes intentan cruzar irregularmente la frontera superando elementos de contención físicos (vallas, muros o barreras). Ni quienes acceden por mar, ni quienes se encuentran en el interior de la ciudad autónoma pueden verse privados de un procedimiento de devolución garantista que les corresponde. Esto supone contar con asistencia jurídica, intérprete y una resolución motivada, y la información y acceso al procedimiento de protección internacional ante cualquier indicio de riesgo en origen.
Urge implementar las medidas necesarias para garantizar el interés superior los niños, niñas y jóvenes que están en Ceuta, que deben ser inmediatamente identificados, filiados y puestos a disposición de las instituciones tutelares. Su devolución a sus lugares de origen sólo debería ejecutarse con la absoluta garantía de su seguridad, primando siempre que así sea, el entorno familiar.
En caso de no poder garantizar su protección en origen, cabe recordar que es competencia y obligación de las comunidades autónomas españolas hacerse cargo de su tutela. Esperamos y apelamos al compromiso de estas en su acogida digna —en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la LOEX — para evitar nuevas instrumentalizaciones de las infancias racializadas y la propagación de discursos de odio y racismo frente a quienes son víctimas de un sistema que les expulsa en origen y les estigmatiza en destino.
Lo ocurrido esta pasada semana en Ceuta es una de las mayores tragedias documentadas en la Frontera Sur pero no es un hecho aislado y sólo puede leerse en contexto de la normalización de la escalada de violencia política, física y jurídica contra las personas migrantes y refugiadas.
La rápida instauración de las boyas marítimas como ‘elementos de contención’ así como la instrucción, dispuesta por la Secretaría de Estado y Seguridad, buscan legitimar el rechazo en frontera por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las actuaciones marítimas contra las personas que intentan cruzar a la Ceuta por vía marítima. Una actuación que sigue la senda del desmantelamiento del derecho internacional de los derechos humanos para las personas migrantes y para las personas con necesidades de protección internacional como ha quedado patenta con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la normativa europea de Retorno, y la inclusión del Artículo 126 del Reglamento de la LOEX, por parte de España.
Régimen específico en el espacio Schengen para Ceuta y Melilla
Por último, cabe recordar que tanto Ceuta como o Melilla cuentan con un régimen especial dentro del espacio Schengen que impide la libre circulación de las personas en los términos establecidos para los países miembros, por lo que la implementación de controles internos declarada por algunos países europeos ante la tragedia de Ceuta, atiende a fines electoralistas y no a un riesgo real de entrada irregular de quienes han accedido a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.