España sigue incumpliendo sus compromisos con la Estrategia Europa 2020 La Comisión Europea constata el empeoramiento de los indicadores de pobreza, exclusión, desigualdad y empleo en España Nota de Prensa Madrid, 1 de marzo de 2016. La Comisión Europea acaba de publicar el Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Se trata de un documento clave dentro de la gobernanza del “Semestre” europeo.[1] La Comisión destaca una serie de graves incertidumbres macroeconómicas, especialmente: · “El alto nivel de deuda pública, que sigue constituyendo una carga para la economía y sigue siendo fuente de vulnerabilidad”. · El déficit de las Administraciones Públicas “sigue siendo uno de los más elevados de la zona del euro. Se prevé que esta deuda haya superado el 100 % del PIB en 2015, y se espera que alcance su máximo nivel en 2016, antes de disminuir en 2017.” La Comisión realiza una previsión sombría sobre el desempleo, que sigue siendo muy alto entre las personas jóvenes, afecta cada vez más a personas paradas de larga duración, “y puede hacerse crónico, lo que provoca un aumento de la pobreza o la exclusión social. Por otra parte, la dualidad del mercado laboral entre contratos permanentes y temporales sigue siendo elevada, lo que repercute negativamente en las condiciones de trabajo y la cohesión social.” España no está cumpliendo con las metas comprometidas en 2011, en el marco de la Estrategia Europa 2020: · Con relación a la meta de inversión en I+D, “los resultados de España en esta materia siguen empeorando”. · En cuanto a la meta de educación, a pesar de las notables mejoras constatadas, “la tasa de abandono escolar temprano sigue siendo elevada y entorpece la reducción de las carencias educativas del país”. · Con respecto a la meta del empleo, la Comisión destaca que, lejos de acercarse a la meta establecida, “la tasa de desempleo sigue siendo una de las más elevadas de la UE, especialmente entre los jóvenes”. De hecho, la Comisión llama la atención sobre el hecho de que “El aumento de la proporción de trabajadores en empleos a tiempo parcial (del 14,5 % en 2012 al 15,6 % en 2015) y temporales (del 23,4 % en 2012 al 25,7 % en 2015) en los últimos años fue de la mano de un creciente riesgo de pobreza entre los trabajadores a tiempo parcial (del 18,7 % en 2013 al 22,9 % en 2014), y los trabajadores temporales (del 17,5 % en 2013 al 22,9 % en 2014). Junto con la moderada evolución de los salarios, ello contribuyó al aumento general del número de ocupados pobres observado entre estos dos años”. A la baja inversión en políticas activas de empleo, la Comisión también ha apuntado a que “La capacidad de los servicios públicos de empleo de ofrecer orientación individualizada y eficaz, así como ayuda en la búsqueda de empleo, sigue siendo limitada”. El documento comenta el retraso en la aplicación de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, así como el pobre rendimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. · El compromiso de reducción de entre 1,4 y 1,5 millones de la pobreza y la exclusión contraído en 2011 está lejos de cumplirse. La Comisión ha observado que “La mejora de las condiciones del mercado laboral a lo largo de 2013 y 2014 no se tradujo en una mejora de los indicadores sociales durante esos años. La crisis ocasionó un marcado aumento de la proporción de población en riesgo de pobreza y en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos indicadores de pobreza se deterioraron aún más en 2013 y 2014, a pesar de la mejora de las condiciones del mercado laboral”. El Informe, pieza clave de la gobernanza del Semestre, sostiene que “En los últimos años, las tres dimensiones de la pobreza y la exclusión social se han deteriorado considerablemente y el porcentaje total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 29,2 % en 2014 (frente a un 24,4 % en la UE). Esto representa un aumento de más de 1,3 millones de personas con respecto a 2010”. En relación con estos datos, presenta la alta cifra de desigualdad entre quienes tienes mayores ingresos y los que tienen menos, que “se situó en 6,8, frente a 6,3 en 2013 y 5,9 en 2009”. La Comisión indica que “Los menores siguen siendo el grupo más amenazado. Se ven directamente afectados por el deterioro de la situación de sus progenitores en edad de trabajar y por el impacto relativamente bajo de las prestaciones familiares en la reducción de la pobreza”. Destacan que los hogares monoparentales (que en su mayoría tienen a una mujer como cabeza de familia) son los que siguen afrontando mayores riesgos. Otros grupos muy vulnerables son las personas inmigrantes, la población gitana y las que tienen alguna discapacidad. La Comisión critica el escaso avance en la mejora del sistema de rentas mínimas, que debería dar protección a estos grupos vulnerables. Como ya ha señalado el Informe de EAPN ES, la Comisión coincide en que “los regímenes de renta mínima siguen siendo una serie de programas desconectados entre sí con grandes disparidades regionales. Se registran grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en las modalidades de prestación, los criterios de admisibilidad y la adecuación, con niveles de beneficios en torno o por debajo del 40 % de la mediana de la renta nacional en la mayoría de las Comunidades”. Otros problemas sociales que ocupan un lugar destacado en este Informe son: · La limitada coordinación entre los servicios sociales y de empleo merma la eficacia de las medidas de activación. · El bajo gasto en protección social de la familia y los niños, que alcanzó un máximo de 343 EUR por cápita en 2009, para disminuir a 295 EUR per cápita en 2013. · La falta de servicios de guardería adecuados, que afecta a las oportunidades de la infancia y que, junto con la falta de alternativas para los cuidados de larga duración, dificulta la participación de la mujer en el mercado laboral. · El porcentaje de mujeres que no reciben una pensión contributiva, que es el segundo más elevado de la UE y la proporción de mujeres que perciben una pensión, que es 26,3 puntos porcentuales más baja que la de los hombres. · El impacto social de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, que sigue siendo fuerte y significativo. · La pobreza energética,que sigue siendo un problema. Coincidiendo con lo señalado por el Informe de la Comisión Europea, EAPN ES insiste en que ha llegado la hora de reivindicar políticas económicas y sociales que reviertan las situaciones sociales denunciadas y a la vez contribuyan a la mejora del bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía, en especial de las personas más vulnerables. Desde EAPN España y la Plataforma del Tercer Sector ya se han hecho propuestas coherentes, reales, eficaces y viables para conseguir este fin. Resumen de EAPN – ES del Informe sobre España de la Comisión Europea 2016 |
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